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LAS POLITICAS PÚBLICAS NO CORRIGEN LAS SITUACIONES DE POBREZA Y DESIGUALDAD EN ANDALUCÍA. Nuestra Región tiene las tasas más altas de España en exclusión social y solo el 30,9% se encuentra en "Integración Plena".

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El Observatorio de Desigualdad de Andalucía presenta su I Informe y evidencia que las políticas públicas corrigen de manera insuficiente las situaciones de pobreza y desigualdad en Andalucía:


En 2015, la Tasa de Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social en Andalucía es del 43.2%, la más alta del territorio español. Y tan sólo el 30.9% de la población andaluza, se encuentran en lo que se denomina "integración plena".
El Observatorio de Desigualdad de Andalucía pretende contribuir a un diálogo público-social urgente en un mundo convulso en el que la desigualdad extrema, con una aceleración y globalización nunca antes alcanzadas, nos atenta como sociedad mundial.

El I Informe ODA permite observar la situación andaluza en términos de desigualdades, recogiendo en un único documento sus principales manifestaciones. Se trata de una mirada sintética en un contexto de lógicas globales que están operando en el mundo actual. Así, mientras son prácticamente inexistentes las instituciones de gobernanza mundial, no ocurre lo mismo con lo que pueden considerarse "gobiernos globales de las empresas transnacionales". Las mismas reglas económicas que permiten la riqueza extrema también causan la pobreza: acumulación de beneficios sin que éstos reviertan en la creación de empleo, prácticas de evasión y elusión fiscal, etc.


La desproporcionada capacidad de influencia de una, cada vez más reducida, élite que concentra una riqueza creciente pone en riesgo la sostenibilidad mundial, desde las perspectivas social, medioambiental e, incluso, económica. Y está atrapando, a su vez, a millones de personas en la pobreza, de tal forma que 700 millones continúan viviendo con menos de 1.9$/día (umbral de pobreza extrema).


En Andalucía, la economía ha sufrido un declive en su proceso de convergencia con respecto a la economía española. El PIB per cápita andaluz apenas suponía en 2015 un 74.1% del español, en comparación con el nivel de 77.3% que alcanzaba en 2007.


Hay varios indicadores que nos alarman de la emergencia social. La proporción de personas que se encuentran en situación de paro sin percibir ningún tipo de prestación o subsidio ha superado el 50%. A esto se suma la precarización en las condiciones del empleo. En el tercer trimestre de 2016, el 35.7% de los contratos de trabajo eran temporales en la economía andaluza, frente al 27% en la española.




Con todo, la participación de los salarios en la renta se ha reducido en mayor medida en la economía andaluza que en la española. Mientras que las familias de ingresos medios y bajos suelen tener las rentas del trabajo como fuente principal de ingresos, las familias de ingresos altos suelen concentrar las rentas del capital. Por esta razón, un reparto de la renta nacional a favor de los beneficios suele generar el empeoramiento de la desigualdad de ingreso entre las familias.


Esta desigualdad primaria, debe ser corregida por las políticas públicas, y para ello es imprescindible una política fiscal justa y suficiente. Como marca la Constitución Española, y recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, "deberán contribuir más a las arcas públicas aquellas personas con mayor capacidad económica, y hacerlo en mayor proporción respecto de aquellos con menor capacidad económica".


Sin embargo, en el territorio nacional se están produciendo diferencias fiscales que sólo llevan a la menor recaudación para el conjunto de las Administraciones pública, y, por tanto, a una menor capacidad redistributiva del sistema.


Como consecuencia de una recaudación baja y mal distribuida socialmente, tanto el índice de Gini como, sobre todo, la tasa de pobreza, presentan valores mayores en Andalucía que en España, lo cual señala hacia la incapacidad de las políticas públicas para cerrar la brecha abierta en el reparto de la renta a nivel primario. Pese a que las diferencias entre Andalucía y España en la desigualdad medida a través del índice Gini se reducen como consecuencia de la acción redistributiva pública, este mejor comportamiento se debe en buena medida al efecto de los estabilizadores autonómicos, y, en particular, al efecto de las prestaciones y subsidios por desempleo.



Y como la política no es neutra al género y perpetúa la brecha si no implementa medidas correctoras, el reflejo de la desigualdad de género tiene un durísimo reflejo en las pensiones, ya sean éstas contributivas o no contributivas. En España en 2013 sólo 39 mujeres por cada 100 hombres recibían una pensión de vejez no asistencial, frente a la media europea que se situaba entonces en 53 mujeres por cada 100 hombres. Las pensiones no contributivas se encuentran claramente feminizadas. En Andalucía en 2015, el 67.6% de estas pensiones eran recibidas por mujeres.


Con todo, una medición real de las condiciones de vida de las personas no es posible únicamente con indicadores económicos. En este sentido, en el ámbito de la salud, se ha estudiado la salud de la población adulta afectada por un proceso de desahucio poniéndose de manifiesto una peor salud general percibida, peor salud mental, mayor posibilidad de presentar una enfermedad crónica y una menor probabilidad de llevar un dieta saludable.


De igual modo, se ha observado un aumento de las desigualdades de salud percibida entre personas inmigrantes y nativas en perjuicio de las primeras, especialmente entre las mujeres. Y las personas que están enfrentando condiciones de habitabilidad deficientes, y problemas de asequibilidad de la vivienda.


A nivel educativo, el nivel de formación terminada de la población andaluza entre los críticos años 2006 y 2015 se mantiene, y se registra un ligerísimo crecimiento global de la población andaluza poseedora de estudios universitarios. Sin embargo, el crítico ciclo de 0 a 3 años se muestra cómo, paradójicamente, son las familias de más bajo nivel socioeducativo y socioeconómico - aquellas que según evidencias científicas más necesitarían de la escolarización temprana de sus menores- las que menos recurren a estos servicios. La desinversión pública en materia de educación infantil ha situado a ésta muy por debajo de las necesidades y demandas de la población. Y, la menor capacidad de renta de las familias andaluzas en relación a las españolas no ha permitido que las primeras equilibren con su inversión la desinversión pública.

Las acentuadas diferencias sociales también se manifiestan cuando reparamos en la distribución social del rendimiento educativo. En PISA 2012 la puntuación media del alumnado que pertenece al 5% de hogares con menos ingresos es prácticamente la mitad que la del alumnado que pertenece al 10% con más ingresos.


Uno de los principales problemas del sistema educativo andaluz es la elevada tasa de abandono educativo temprano (porcentaje de personas entre 18 y 24 años que han alcanzado como máximo la enseñanza obligatoria, y no finalizan algún tipo de enseñanza secundaria de segunda etapa). Y, nuevamente, la incidencia de este problema se distribuye desigualmente entre clases sociales (identificadas según ingresos).


Y la dramática consecuencia de todo los denunciado anteriormente se recoge en una cifra. En 2015, la Tasa de Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social en Andalucía es del 43.2%, la más alta del territorio español. Y tan sólo el 30.9% de la población andaluza se encuentran en lo que se denomina "integración plena".


La exclusión social tiene carácter multidimensional y provoca el deterioro progresivo en la persona, en su identidad y su sentido vital, en las relaciones familiares y sociales, en la motivación y el propio proyecto de vida. sumado a esto, no podemos despreciar la dimensión política, ya que una sociedad que cuenta con una democracia avanzada es aquella que facilita la plena participación de los y las ciudadanas en la construcción social.


Uno de los indicadores más claros en este sentido es el acceso a la vivienda. Un alojamiento por sí sólo no garantiza la integración social, pero es uno de los pilares desde donde debe comenzar la intervención social, pues es un derecho que debe ser garantizado. La desventaja socio-habitacional es especialmente alta en ciudades como Cádiz, Huelva, Jerez y Algeciras, mientras que el déficit habitacional (carencias urbanísticas y residenciales) afecta de manera muy destacada sólo en Cádiz.

La privatización y mercantilización del acceso a la vivienda han privado a ésta de su función social. En la actualidad, el sector financiero está legitimado para dirimir un mercado desregulado que lleva años provocando desahucios, y segregando espacios y personas. Andalucía registró en el tercer trimestre de 2016 el 26.9% de las ejecuciones hipotecarias a nivel nacional. Por su parte, el impago del alquiler está suponiendo un motivo que se consolida poco a poco en el abandono de los inmuebles.


La pérdida de tenencia de una vivienda en cualquiera de sus regímenes conlleva diversas problemáticas asociadas que tienen que ver con la salud, las emociones, las relaciones, o el empleo.

Habitamos, pues, un mundo convulso en el que la desigualdad extrema, con una aceleración y globalización nunca antes alcanzadas, nos atenta como sociedad mundial. Esta situación de fractura social requiere de un permanente diálogo público-social, al que trata de contribuir el Observatorio.



Actualmente impulsan esta iniciativa: Acción en Red, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, ATTAC Andalucía, Cáritas Andalucía, Coordinadora Andaluza de ONGD, Colectivo de Educación para la Participación CRAC, EAPN Andalucía, Economistas Sin Fronteras, FACUA Andalucía, GEP&DO, GESTHA, Médicos del Mundo Andalucía, Mujeres en Zona de Conflicto, Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla, Oxfam Intermon, Plataforma Somos Migrantes, Proyecto Solidario, Red Infancia de Andalucía, e investigadores/as y profesores/as de las universidades de Almería, Granada, Loyola Andalucía, Pablo de Olavide y Sevilla, y de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Igualmente, contamos con la colaboración de: Acercando Realidades, Agencia Sentido Común, UNICEF Comité Andalucía, y USTEA.


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